Los dueños del Grupo Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, y el ex presidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata, están acusados de haber realizado un fraude de alrededor de 300 millones de dólares en la adquisición de la línea de bandera en 2001, lo que le daría derecho al Estado nacional a "no pagarle nada" al grupo español.La denuncia fue hecha por el abogado español Rafael Caro Moya, quien asegura que el fraude fue perpetrado en la maniobra por la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) traspasó Aerolíneas Argentinas SA (Arsa) a la firma Air Comet, propiedad del Grupo Marsans, según informa la revista Veintitrés.
Caro Moya presentó una querella en la justicia española basada "en la suposición de los delitos de desvío de fondos públicos, fraude fiscal, falsedad documental y estafa procesal", dijo el denunciante.
"Cuando Arsa pasa a manos de Air Comet, el contrato estipulaba que la Sepi le aportaría, mediante Interinvest, 300 millones de dólares para el pago del pasivo que figuraba en el concurso de la aerolínea; a ese dinero se le dio otro fin y hay pruebas de ello en la causa", explicó.
Al ser consultado sobre las pruebas, Caro Moya dice que el Tribunal de Cuentas Español "certificó que, del monto entregado por la Sepi, U$S 273 millones fueron usados por Air Comet no para pagar la deuda, como fijaba el contrato, sino para subrogarse en la posición de acreedor, acceder al concurso y dominarlo".
"Es decir, en vez de sanear el pasivo, Air Comet se transformó en acreedor de una deuda que debería haber pagado con fondos públicos", puntualizó.
El letrado argumenta que, al dominar el concurso, Air Comet hizo una quita del 60% de la deuda, lo que perjudicó a otros acreedores minoritarios, quedándose con el 40% del crédito -unos 114 millones de dólares-.
"Ese dinero quedó en Arsa a cuenta de futuras ampliaciones de capital, y parte de las acciones compradas con esa plata son las que ahora pasarían al Estado argentino", consignó. Además, el abogado español sugiere que podría haber más dinero cuestionado, ya que la Sepi transfirió a Air Comet unos US$ 800 millones, los 300 denunciados y otros 500 "para reflotar la aerolínea", y sobre ese monto el Tribunal de Cuentas de España "duda de la justificación documental de cómo ha sido dispuesto".
"Ese dinero quedó en Arsa a cuenta de futuras ampliaciones de capital, y parte de las acciones compradas con esa plata son las que ahora pasarían al Estado argentino", consignó. Además, el abogado español sugiere que podría haber más dinero cuestionado, ya que la Sepi transfirió a Air Comet unos US$ 800 millones, los 300 denunciados y otros 500 "para reflotar la aerolínea", y sobre ese monto el Tribunal de Cuentas de España "duda de la justificación documental de cómo ha sido dispuesto".
El querellante afirmó que el abogado en representación del Estado argentino "impugnó los balances de Arsa en 2002, 2003 y 2004", al entender que "que eran fraudulentos porque seguían vigentes en el pasivo esos famosos 300 millones que tendrían que haber sido cancelados con el dinero de la Sepi".
En ese sentido, Caro considera que Argentina "no tendría que poner un peso por Aerolíneas, porque esas acciones que está vendiendo las ha comprado con fondos que tenían otro destino, y porque la deuda de 900 millones de dólares que hoy tendría Arsa es posconcursal".
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Luego de que los representantes del Gobierno, sindicales e industriales llegaran a un acuerdo para elevar el salario mínimo a 1.200 pesos a partir del 1 de agosto y a 1.240 desde diciembre, la diputada Alicia Terada volvió a reclamar fuertemente por el reajuste automático de las pensiones a la vejez, invalidez y madres desamparadas que actualmente se encuentran desactualizadas.
De acuerdo a documentaciones presentadas por la legisladora del ARI, el Gobierno provincial incurre en un grave incumplimiento a la Ley 2.420 de pensiones, la que establece que los beneficiarios de las pensiones por vejez, invalides y madres desamparadas conocidas comúnmente como "carné amarillo", deberían ser reajustadas automáticamente al 50 por ciento del salario mínimo, vital y móvil vigente en la Argentina.
Sin embargo curiosamente hasta el momento y a pesar de haber hecho reiterados reclamos a través de resoluciones aprobadas por la Cámara de Diputados y reuniones mantenidas con la secretaria de Gobierno, Elda Pértile a quien se le notificó de la situación, hasta la fecha no se ha dispuesto reformular los montos que deberían percibir. De acuerdo a lo que establece la Ley 2.420 la suma debería ser a partir del 1 de agosto de $600 pesos y a partir de diciembre de $620 pesos. En el caso de madres desamparadas les correspondería recibir por hijo $12,40 pesos.
En este sentido Terada resaltó que el monto percibido actualmente por cerca de 1700 beneficiarios de toda la provincia es de $250, aunque no dio precisiones sobre la cantidad exacta de beneficiarios del Chaco debido a que comentó que "se están haciendo censos para determinar las bajas y los que aun continúan cobrando el beneficio".
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La Presidenta hizo afirmaciones que no se corresponden con la información dada por el Gobierno. Seis ejemplos.
“Del Presupuesto no va un solo peso para el tren bala.”
El artículo 21 de la Ley de Presupuesto 2008 enumera una serie de obras de infraestructura que podrán contar con financiamiento parcial del Gobierno nacional. Entre ellas figuran el soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito-Liniers, cinco centrales de generación eléctrica y el Corredor Ferroviario Buenos Aires-Rosario-Córdoba (TAVE), es decir, el tren bala. Para esas obras, el Gobierno consiguió autorización para suscribir deuda (que será pagada con dinero de los contribuyentes) de hasta 4 mil millones de pesos para este año.
“No firmé ningún decreto de necesidad y urgencia y eso nadie lo dice.”
El 9 de junio, la Presidenta firmó el Decreto 904/2008 que creó el Programa de Redistribución Social –ahora obsoleto– para asignar los fondos que se recaudarán por vía de las retenciones móviles cuando éstas superaran el 35 por ciento. Estéticamente, ese decreto no es un DNU, pero lo es en su contenido. El decreto fijó una modificación presupuestaria: creó un destino para esos fondos que no estaba contemplado en la Ley de Presupuesto para 2008. Esa es una atribución exclusiva del Congreso. O de un decreto de necesidad y urgencia.
“En Estados Unidos la inflación no mide combustibles ni alimentos.”
No es así. El Bureau of Labor Statistics (BLS, el INDEC estadounidense) publica cuatro índices separados. El único que deja afuera esos dos rubros es el CPI-U con ajuste estacional o core inflation. Los más usados son el CPI-U (para consumidores urbanos) y el CPI-W, enfocado en los trabajadores asalariados. El mes pasado, el CPI-U llegó a la tapa de todos diarios tras trepar en junio un 1,1%, el doble de lo que admitió para el mismo mes en la Argentina el INDEC. Los rubros que lo impulsaron fueron justamente el combustible (se disparó un 10%) y los alimentos (subieron un 0,8%).
“Existen garantías plenas para el contralor de los actos del gobierno.”
Tanto la Sindicatura General de la Nación como la Auditoría General de la Nación, los principales órganos de control, están dirigidos por funcionarios afines al Gobierno y no cumplen con sus planes anuales de auditoría. Los fondos fiduciarios de obra pública, que administran más de 5 mil millones de pesos, escapan a estos controles. El Ministerio de Economía no respeta la agenda anual obligatoria de publicación de informes: desde septiembre de 2007 no difunde el Boletín Fiscal y el sitio web que exhibe la ejecución presupuestaria no permite acceder al detalle de la evolución de cada programa, sino que despliega un número global.
“Creció la coparticipación federal a las provincias.”
En términos nominales, la Presidenta dijo una verdad. Desde 2003 creció la recaudación de impuestos y, por lo tanto, subieron las transferencias a las provincias. Pero no dijo Cristina Fernández que entre 2002 y 2007 la Nación se quedó con 9.390 millones de pesos que debieron ser girados automáticamente a los gobiernos provinciales. La Ley de Coparticipación vigente (que debió haber sido modificada antes de 1996, según lo estableció la Constitución de 1994) obliga a transferir como mínimo el 34% de la masa de recursos. En la era K el promedio es inferior al 31%.
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