La Corte interviene para frenar la tala de arboles

Citó al gobierno nacional y el de Salta para que expliquen por qué permiten la depredación del ambiente. Cristina no reglamenta la ley. Representantes del gobierno de Salta y del Estado nacional deberán explicar ante los jueces de la Corte Suprema de Justicia por qué permitieron el desmonte de bosques nativos en tierras salteñas. La audiencia se realizará el 18 de febrero y también contará con la presencia de miembros de la comunidad indígena wichi, quienes denunciaron una “aquiescencia expresa o tácita de las autoridades estatales provinciales y nacionales” ante la tala indiscriminada.
Las comunidades indígenas, en su mayoría wichis, habían elevado una acción de amparo donde responsabilizaban al gobierno salteño por no haber cumplido con sus obligaciones al otorgar autorizaciones de desmonte que lesionarían los derechos y garantías de los habitantes de las zonas afectadas. La presentación también acusaba a la administración local de “tolerar prácticas clandestinas” relacionadas con la tala.
“Las empresas protegidas por los gobiernos provinciales pueden desmontar con fines de ampliar los sembradíos de soja porque El Poder Ejecutivo no reglamenta la Ley de Protección de Bosques aprobada en 2007”, indicó Miguel Bonasso, diputado nacional.

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El ARI reclama un Defensor del Pueblo para el Chaco

El Defensor del Pueblo es una Institución que actúa con plena independencia y autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y los demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y en las Leyes; y el control del ejercicio de las funciones administrativas.
Por cuarto año consecutivo la diputada Alicia Terada intentará que se efectúe la designación del Defensor del Pueblo del Chaco, tal como lo establece la Constitución Provincial en su artículo 119 inciso 16.Para lograrlo es indispensable que los diputados de las otras bancadas políticas apoyen la iniciativa presentada por Terada que propone una selección mas abierta, participativa y transparente del Ombudsman entendiendo que los únicos beneficiados con esta iniciativa son los ciudadanos, quienes tendrán un espacio y una persona con legitimidad para canalizar sus reclamos e inquietudes ante organismos administrativos y judiciales.

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