El Partido ARI ratificó su apoyo a la postura adoptada por la diputada Alicia Terada, en la elección del terreno para la construcción del Edificio Legislativo y repudió los agravios personales emitidos por diputados tanto del bloque del Pj, como de algunos de la Alianza Frente de Todos en los medios de comunicación.
Llama la atención la intencidad de los ataques a la diputada Alicia Terada, con descalificativos personales que tienden a desacreditar personalmente a la legisladora, y que no se condicen con la investidura de los diputados del Pj ni de la presidenta de la Cámara de Diputados.
Lo preocupante es que en medio de estos agravios no se desmienten los argumentos esgrimidos por la diputada del ARI, ni se rebaten ideas, sino se pretende atacar la credibilidad de su persona.
Desde el espacio conformado por el Partido ARI y la Coalición Cívica repudiamos los calificativos y adjetivaciones emitidas tanto por los diputados del Pj y de la presidenta de la Legislatura Alicia Mastandrea y propiciamos el debate e intercambio de ideas. Desde ese punto consideramos la validez de la postura que desde el Bloque ARI se ha realizado con respecto al emplazamiento del edificio Legislativo. En un marco de transparencia democrática, la ciudadanía debe conocer la postura de sus legisladores fundados en argumentos reales y legales.
Cabe destacar que las consideraciones pertinentes que hoy se sostienen, fueron expuestas en momento oportuno ante la Comisión Especial creada a los efectos y de la cual es integrante Terada junto a otros legisladores. Es decir que no es una opinión nueva ni que desconocieran sus pares.
Tanto el Partido, como el Bloque, han emitido una opinión en relación a la determinación asumida por la mayoría de la Comisión Especial, sostenidos en sólidos argumentos referidos al proceso y no a la descalificación personal de ninguno de ellos. En primer lugar porque no es política del Partido ARI intentar descalificar a las personas ante la ausencia de argumentos reales que refuten a los esgrimidos por la otra parte y segundo porque simplemente se cuestiona un proceso o accionar que no es precisamente un modelo a imitar por la sociedad.
En tal sentido reflexionamos sobre la situación y nos preguntamos cuales son las razones por las cuales los cuestionamientos de la diputada Alicia Terada desatan tan intensa reacción agraviante de los diputados de la bancada del Pj y de la presidenta de la Cámara de Diputados.
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Ramón Vargas ratifica que la zona elegida es inundable
El texto firmado por El secretario de la Fundación Ambiente por la Vida expresa:“Las argumentaciones utilizadas por la diputada del ARI, Alicia Terada han desatado una suma de adjetivos descalificantes por parte del Bloque de Diputados Justicialistas y de la propia presidenta de la Cámara de Diputados, que no logran rebatir la lógica de los argumentos utilizados para rechazar la iniciativa (junto al Diputado Daniel San Cristobal) de ubicar el Palacio Legislativo en la zona del valle de inundación del Río Negro en la Avenida Sarmiento.
Deseo llamar la atención sobre el significado real de la decisión tomada. En las declaraciones del Bloque de Diputados y de la Presidenta de la Cámara de Diputados se reconoce claramente que la zona es “inundable” y que posee restricciones y prohibiciones por parte de la Resolución nº 1.111/98 de la APA. Claramente lo aceptan, los primeros, cuando entienden que son falaces los dichos de Terada al sostener:”...que esa zona es prohibida y con restricciones: ello no obsta que haciendo las obras que se tienen que hacer no se pueda erigir el palacio”. Al decir “no obsta” aceptan que las prohibiciones y restricciones existen, por lo que el argumento de la Diputada Terada no es falaz.
En el caso de la Diputada - Presidenta Alicia Mastandrea, ésta afirma: . “Que no hay ningún impedimento para expropiar los terrenos de Sarmiento al 2000 y que será la mejor manera de garantizar que en esos lugares no se construya absolutamente nada más que el edificio legislativo, que, por otra parte se edificará a cota 52”. En cuanto a las objeciones por tratarse de un terreno inundable, la titular del Parlamento advirtió “que el terreno específico donde se construirá el edificio no es inundable, no así las propiedades linderas...” (Portales Informativos del 06/08/08 y declaraciones radiales). A confesión de partes, relevo de pruebas, dicen los abogados. Entonces, todos coinciden que los terrenos son inundables y las obras que se hagan evitarán que los legisladores se enloden para cumplir con sus funciones.
Esto significa que el Palacio Legislativo se elevará sobre el terreno natural casi cuatro metros, por lo que será una estructura asentada sobre columnas. Para poder acceder a la cota 52 metros, será necesario que los caminos de acceso también deban estar elevados. Si esto se hace con un terraplén, se debe tener en cuenta que cada camión de tierra que se coloque será un camión de agua que irá a ocupar lugares que no se inundaban antes (perjuicio a terceros, que dan pie para reclamos legales). Alguno de los arquitectos intervinientes en las deliberaciones me afirman que las condiciones que sostuvieron para dar su apoyo es que no se alteren los niveles naturales, por lo que se pueden entender que imaginan que los caminos y playa de estacionamiento también estarán sobre columnas que los alejen de la inundación y permitan el funcionamiento de la Cámara, aún con inundaciones, que como se sabe pueden durar algunas semanas o meses, según sea un ciclo lluvioso y de crecientes de larga duración, salvo que se incluya un helipuerto.
Si tomamos las proporciones que se dan en las 32 hectáreas del supuesto “Barrio Palafítico”, vecino a las tierras en cuestión, tendremos: un 40% por debajo de la línea de ribera (es decir del dominio público) y otro 40% por debajo de los 48,50 metros, que es la zona de restricción severa que se inunda cada dos años. Es decir, el 80 % que está bajo agua cada dos años. Es decir, casi el 80% de los puntos de topografía de detalle están por debajo del nivel de operación de la Obra de Control del Río Negro. Lo que está por debajo de la línea de ribera es del dominio público, por lo que debe preservarse como cauce y, la restricción severa, corresponde a lo que se inunda cada dos años.
Se han utilizado como argumentos la comparación con lo que pasa en Japón y en Holanda, para demostrar que es posible hacer lo que en el Chaco es ilegal y va contra la naturaleza. Y las comparaciones no son válidas, por el momento, en tanto que ambos países son del primer mundo y tienen un producto bruto interno de más de 30.000 dólares por habitante por año y el Chaco, que aún no llega ni al tercer mundo, no llega a los 1.100 dólares. Ambos países tienen una densidad de 482 y 351 habitantes por kilómetro cuadrado y el Chaco sólo llega a unos 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Holanda es sólo el 40% de la superficie del Chaco y Japón es 3,7 veces más grande, pero viven 128 millones de habitantes y en el Chaco sólo hay un millón. Es decir, no necesitamos ocupar tierras inundables, que están protegidas por la normativa de la Resolución Nº 1.111/98 de la APA dado que existen tierras altas para construir el Palacio Legislativo sin el costo de hacerlo palafítico, ni de construir caminos y playas de estacionamiento elevadas sobre 4 metros del nivel del suelo natural. Hoy no es posible hablar de costos porque que no se tiene una topografía de los terrenos a expropiar y tampoco se han evaluado los costos de la infraestructura palafítica de caminos, playas de estacionamiento y edificio (entre otros costos).
http://www.chacodiapordia.com/2008/noticia.php?n=20277
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