El proyecto de reforma al trabajo a domicilio agrava el trabajo esclavo y la impunidad de las marcas. El proyecto de reforma de la ley de trabajo a domicilio propuesto por el Ministerio de Trabajo multiplicará los talleres clandestinos y el trabajo esclavo y además dejará completamente impunes a las marcas que se benefician de ello.
Los empresarios de la industria de la indumentaria tienen el triste privilegio de sostener su producción en un 80 % en talleres clandestinos en los que son práctica común la reducción a la servidumbre, la trata y el tráfico de personas e incluso en no pocos casos, el trabajo infantil. La Defensoría del Pueblo ha definido estas prácticas como una «violación sistemática de los derechos humanos».
Según la ley actual, el tallerista tiene un doble carácter. Es patrón de los costureros, pero a la vez empleado de las marcas. Entonces, en cada taller clandestino las marcas son doblemente responsables, tanto en lo atinente a las condiciones laborales como en lo referente a la situación penal. Y no podría ser de otro modo ya que por cada 100 pesos que sale una prenda, el tallerista recibe 3,25 y el costurero 1,89, quedando el grueso de la ganancia para los fabricantes. Tal estructura de costos es la madre del trabajo esclavo. Es a través de la fijación unilateral de los precios por parte de los fabricantes donde empieza la cadena de la explotación. De esta manera el fabricante explota al tallerista, pero peor que eso convierte, además, en el mismo acto al tallerista en explotador de los costureros. Esa necesidad de permanecer en el mercado es la que deriva en la superexplotación en condiciones indignas de los trabajadores y en los casos extremos en la esclavitud lisa y llana. En lugar de avanzar hacia mayores y mejores mecanismos de coordinación económica por parte del Estado, el proyecto del gobierno desrregula la relación entre talleristas y fabricantes (al convertir a los talleristas en Pymes independientes de las marcas), dejando impune a las marcas por los lugares que escoge para su producción y a la vez desprotegiendo a los trabajadores que deberán litigar en los fueros laborales con talleristas en su mayor parte insolventes. El proyecto nada hace para modificar la estructura de costos y en la medida en que no se resuelva una nueva matriz de distribución a lo largo de la cadena, el trabajo esclavo seguirá siendo una constante en las relaciones de trabajo. Ahora mucho más agravada, por la tranquilidad de las marcas de que no serán perseguidas ni laboral, ni penalmente por los lugares espantosos donde mandan a confeccionar sus prendas.
Como los talleres no tienen capital para sostenerse como Pymes y como las marcas ya no tendrán miedo de basar su producción en el trabajo esclavo, pues no tendrán que rendir cuentas por ello, es de esperar que se multipliquen los talleres clandestinos y que incluso se detenga y retroceda la regularización de los trabajadores en fábricas en blanco, pues será mucho más rentable para las marcas desviar su producción a talleres truchos que a fábricas legales. Se pretende confundir a la opinión pública con el argumento de que la ley 12.713 es obsoleta y que por ello habría tantos talleres clandestinos. Nada más falso. Hoy en Europa y Estados Unidos se buscan reformas a las leyes que tengan una visión integral de las cadenas de producción como lo tiene la ley actual argentina. Fue la no vigilancia y cumplimiento de la ley de trabajo a domicilio y no su antigüedad, la que permitió la proliferación de talleres clandestinos, la trata y el trafico de personas y el trabajo esclavo.
Gustavo Vera por La cooperativa La Alameda y la Unión de Trabajadores Costureros, difundieron un comunicado de rechazo al proyecto de reforma de la ley de trabajo a domicilio propuesto por el Ministerio de Trabajo.
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